La ingeniera María Elina Serrano, quien se desempeñó como secretaria de Ambiente de la provincia del Chaco, expresó una seria preocupación por el proyecto de reforma de la Ley 26.639 de Glaciares. Según su análisis, la iniciativa, actualmente en discusión en el Congreso, podría sentar un precedente peligroso para otras normativas ambientales fundamentales, como la Ley de Bosques.
Un voto chaqueño con impacto nacional
Serrano destacó que, si bien el territorio chaqueño no alberga glaciares, la decisión de los siete diputados nacionales que representa la provincia tendrá una repercusión directa en la vida de alrededor de ocho millones de personas que dependen de esas fuentes de agua. «La cuestión no nos es ajena», afirmó, subrayando la responsabilidad legislativa en un tema de alcance federal.
Críticas al proceso participativo
Uno de los puntos cuestionados por la especialista fue el mecanismo de audiencia pública previo al tratamiento parlamentario. Más de 102.000 inscriptos debieron enviar un video por YouTube o un documento escrito, una modalidad que Serrano consideró «inadecuada» e «insuficiente» para garantizar una participación real. Por ello, junto a otros actores, presentó una impugnación al formato, amparándose en el artículo 41 de la Constitución Nacional.
El riesgo de la fragmentación normativa
El núcleo de la advertencia técnica reside en la propuesta de transferir a las provincias la facultad de definir qué es un glaciar y qué actividades se permiten en su entorno. Para Serrano, esto no generaría seguridad jurídica, sino que podría desencadenar una «avalancha» de litigios y fomentar el llamado «dumping ambiental». Este concepto alude a una competencia entre jurisdicciones por ofrecer marcos regulatorios más laxos para atraer inversiones, en detrimento de la protección del patrimonio natural.
Un efecto dominó sobre los bosques nativos
«Si esto pasa con los glaciares, la Ley de Bosques estará en la misma situación tarde o temprano», pronosticó la experta. Su argumento señala que los intereses económicos que presionan sobre los recursos naturales seguirían el mismo camino si se debilita el modelo de presupuestos mínimos de protección ambiental, establecido para garantizar un piso de conservación en todo el país.
Minería: el debate sobre el control y los beneficios
Serrano aclaró que su postura no implica un rechazo general a la actividad minera, reconocida como necesaria, sino una crítica a la falta de controles efectivos y a la distribución inequitativa de sus costos y beneficios. Citó como ejemplo una operación minera en Catamarca, donde observó una escasa integración con la comunidad local y mínimos derrames económicos para la región. «Estamos recibiendo las pérdidas y no participamos en las ganancias», resumió.
Impactos invisibles e irreversibles
La exfuncionaria cerró su reflexión alertando sobre los tiempos geológicos de los daños ambientales. Explicó que la contaminación en zonas periglaciares puede no ser visible de inmediato, ya que el agua se filtra y viaja subterráneamente, pudiendo emerger contaminada décadas o siglos después. Con más de 16.000 glaciares identificados en el país y en retroceso por el cambio climático, las decisiones que se tomen hoy, advirtió, tendrán efectos que no serán visibles a corto plazo, pero sí potencialmente irreversibles.