La polémica por la gestión sanitaria del rodeo bovino nacional se intensificó esta semana. Tras el rechazo de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) a la resolución 201/2026 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), que descentraliza la aplicación de vacunas, ahora se sumó un fuerte cuestionamiento desde Entre Ríos.
Una advertencia desde el litoral
La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) emitió un comunicado donde calificó la modificación regulatoria como «innecesaria, inoportuna e inscripta en una lógica economicista». Sin embargo, el eje de su preocupación apunta más allá de la operatoria logística.
«Tenemos serias sospechas fundamentadas en las acciones precedentes que el Gobierno, en un cortísimo plazo, ya tiene decidido modificar el status sanitario para pasar a ser libres sin vacunación», afirmaron desde la federación entrerriana. Este cambio de estatus implicaría que Argentina abandonaría la vacunación sistemática contra la fiebre aftosa, buscando un reconocimiento internacional diferente.
Riesgos sanitarios y comerciales
Para FARER, una decisión de esa naturaleza se tomaría «de espaldas a los productores», dejando de lado décadas de trabajo. «La sanidad del rodeo no puede comprometerse por decisiones políticas, cuando es estrictamente una cuestión sanitaria», remarcaron con firmeza.
La entidad defendió el sistema actual, que si bien «puede ser perfectible», ha garantizado la correcta aplicación de la vacuna, el mantenimiento de la cadena de frío y una cobertura amplia en todo el territorio. Según sus datos, este modelo ha logrado una inmunidad de rodeo exitosa, con coberturas vacunales no menores al 95% en plazos breves.
Preocupación por la fragmentación y la equidad
Al igual que CRA, los ruralistas entrerrianos consideran que la nueva resolución conduce a una «fragmentación del sistema y debilitamiento de los controles». Advirtieron que esto «podría tener consecuencias directas sobre el posicionamiento internacional de la carne argentina», un activo comercial clave para el país.
Otro punto crítico es el impacto en el modelo solidario vigente. FARER alertó que la vacunación en zonas de frontera y entre pequeños productores podría verse severamente afectada. «En un sistema totalmente individualizado, estos actores podrían quedar en desventaja», concluyeron, subrayando la importancia de un esquema que contemple a todos los eslabones de la cadena ganadera.
El debate queda así instalado, con el sector productivo exigiendo que las decisiones sanitarias se basen en criterios técnicos y consensuados, priorizando la salud animal y la sostenibilidad económica a largo plazo.