El crecimiento del costo del Estado para los argentinos tiene su expresión concreta en la evolución histórica del gasto público en su relación con el PBI.
Si se realiza una mirada histórica y se incluyen los tres niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal) se observa que esa relación se mantuvo entre el 10% y el 12% del PBI hasta principios de la década del cuarenta. A partir del primer gobierno peronista, el crecimiento del Estado tomó un impulso mayor al de la economía y la Argentina comenzó a conocer y vivir con déficit fiscal, desborde monetario, inflación y endeudamiento público. Así supo lo que es llegar al default y la hiperinflación. En las últimas décadas, la sociedad se acostumbró a aceptar explicaciones teñidas de populismo y estatismo que desestimaban el exceso de gasto como causa primigenia de la crisis y la decadencia. Los desastrosos gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, partiendo de un Estado sobredimensionado que ya en 2003 había llevado el gasto público al 29,4% del PBI, lo catapultaron al 47,3% en 2015.
La presión impositiva fue incrementada a niveles asfixiantes durante la gestión kirchnerista, creciendo desde el 21% al 33% del PBI
A pesar de eso los servicios del Estado se deterioraron mientras el número de empleados públicos aumentó en un 55%. La presión impositiva fue incrementada a niveles asfixiantes durante la gestión kirchnerista, creciendo desde el 21% al 33% del PBI. No obstante, los recursos no alcanzaron el mayor crecimiento del gasto y el déficit fiscal alcanzó a 5,1 puntos del PBI, a lo que debería sumarse el déficit cuasifiscal originado en el Banco Central.
Con algunas correcciones durante la gestión de Mauricio Macri, pero nuevos retrocesos en la de Alberto Fernández, ese fue el panorama que encontró el presidente Javier Milei a fines de 2023. El Gobierno no tenía acceso al crédito y se estaba prácticamente en hiperinflación. El gasto público no podía cubrirse de otra manera que con impuestos, los que a su vez debían imprescindiblemente reducirse. Por lo tanto, se hacía imperativa una disminución del gasto público. Esta realidad valía y sigue valiendo tanto para el gobierno nacional como para las provincias y los municipios. Solo la mitad del gasto público de la Argentina se origina en el gobierno nacional; el 43%, en las provincias, y el 7%, en los municipios. El camino para reducir el gasto es un imperativo en los tres niveles.
Se redujo de 15 a 9 el número de ministerios y de 106 a 54 el de secretarías. Esto permitió disminuir gradualmente en un 23% el personal de la administración nacional
Los principios y criterios fundamentales de una reforma integral del Estado comprenden distintos aspectos: 1) La limitación del Gobierno a sus funciones esenciales: la Justicia; el poder legislativo; la defensa; la seguridad; las relaciones exteriores; la atención de los servicios sociales esenciales con un criterio de subsidiariedad y la administración de las regulaciones que resulten imprescindibles. 2) La aplicación del principio de subsidiariedad en dos sentidos: que no realice el Estado lo que puede hacer el sector privado y no asumir a nivel nacional las funciones que puedan tomar las provincias e igualmente estas con sus municipios. 3) La desregulación, tercerización y privatización de servicios y empresas con procedimientos de competencia y auditoría. 4) El rediseño y simplificación de organigramas de gobierno, reduciendo el número de niveles administrativos, suprimiendo funciones no esenciales, y eliminando duplicaciones y superposiciones. 5) La digitalización e introducción de la inteligencia artificial. 6) La incorporación de procedimientos de evaluación y remuneración por resultados, como se hizo, por ejemplo, en Nueva Zelanda. 7) La revisión del concepto de carrera y la ampliación del procedimiento de contratación por concurso, por tiempo determinado, en cargos jerárquicos.
El Decreto 70/23 y la Ley Bases abrieron los espacios para llevar adelante la reforma a nivel nacional poniendo luego la responsabilidad principal en su ejecución en el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Desde su creación estuvo a cargo de Federico Sturzenegger, quien no partió de un plan orgánico e integral de reforma, sino de un proceso evolutivo centrado en las desregulaciones y en la racionalización de la administración de los organismos descentralizados. Se redujo de 15 a 9 el número de ministerios y de 106 a 54 el de secretarías. Esto permitió disminuir gradualmente en un 23% el personal de la administración nacional.
Las privatizaciones han avanzado con más lentitud. Las más relevantes, incluyendo varias en proceso, comprenden la empresa electromecánica IMPSA, los Corredores Viales, las presas hidroeléctricas del Comahue, AYSA, y el ferrocarril Belgrano Cargas. La Hidrovía ha enfrentado dos intentos, el último de los cuales está en desarrollo y merece un análisis más profundo. Existe el riesgo de un nuevo fracaso por serias deficiencias en el pliego que fueron observadas oportunamente por LA NACION en un editorial publicado el 15 de diciembre último.
Los gobiernos provinciales y municipales deben encarar reformas de manera de superar la falsa premisa de que el Estado debe dar empleo cuando el sector privado no lo genera
La preocupación oficial por actuar prioritariamente sobre los 111 organismos descentralizados y desconcentrados tiene sus fundamentos. En casi todos ellos se observan notables sobredimensionamientos injustificados de sus plantas de personal. Este fenómeno resulta más notorio en los organismos que han gozado de autarquía financiera sustentada en impuestos con destino específico. El Poder Ejecutivo dispuso por decreto la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, transfiriendo sus funciones a la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. Asimismo, decretó la transformación del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Con el fin de facilitar el redimensionamiento, se estableció un mecanismo atractivo de retiros voluntarios para el personal permanente. Estas acciones generaron resistencias gremiales, sectoriales y políticas. Los casos de eliminación y transformación más relevantes fueron suspendidos mediante una ley emanada del Congreso que derogó los decretos respectivos, considerando que el Poder Ejecutivo carecía de atribuciones para dictarlos.
El Pacto de Mayo se propuso reducir el gasto público del país a un 28% del PBI. Hay todavía un largo camino que recorrer. Los gobiernos provinciales y municipales deben encarar reformas de manera de superar la falsa premisa de que el Estado debe dar empleo cuando el sector privado no lo genera. Cuando ese empleo es improductivo, y se paga con impuestos o con inflación, estos recursos se detraen del circuito económico y alguien pierde un empleo productivo. La reforma del Estado debe apoyarse y llevarse adelante como pieza esencial para el desarrollo y la derrota de la inflación.