En una sesión maratónica que se extendió hasta la madrugada, el oficialismo consiguió la media sanción al proyecto de Presupuesto 2026. Una de las herramientas con la que el gobierno de Javier Milei pretende institucionalizar su plan de ajuste.
El oficialismo logró aprobar en general la Ley de leyes con 132 votos afirmativos, 97 rechazos y 16 abstenciones, un número que puede llegar a parecer una muestra de fortaleza legislativa sobre la base de las alianzas con la oposición dialoguista. Sin embargo, el festejo en la Casa Rosada tiene un sabor amargo e incompleto. Fue una victoria a medias, un triunfo político que nació sin lograr uno de sus puntos más sensibles y cruel. A pesar de la rosca interminable y la compra de voluntades, el gobierno sufrió una derrota contundente al caerse el Capitulo XI del dictamen, un apartado introducido sobre la hora, el cual contenía el artículo 75, diseñado para derogar la Ley de Emergencia en Discapacidad y la Ley de Financiamiento Universitario.
Este ataque, que buscaba borrar las leyes que habían sido ratificadas por el Congreso tras el veto presidencial, chocó de lleno contra la pared. La presión social y la movilización de la comunidad educativa y de las familias de personas con discapacidad, realizada hace unos meses, cuando se levantaban los vetos, funcionaron como dique de contención que ni siquiera los aliados más despreciables del gobierno se atrevieron a romper.
El rechazo a este capítulo demuestra que, aunque el Ejecutivo logre comprar gobernabilidad para sus números macroeconómicos, no tiene un cheque en blanco para avanzar sobre algunos derechos sociales que cuentan con un nivel de simpatía social muy importante. El gobierno no pudo volver a voltear lo que la calle ya había defendido, evidenciando algunos límites de su ofensiva cuando se tocan ciertas cuestiones sensibles.
El desarrollo de la sesión estuvo marcado desde el inicio por la fragilidad de los acuerdos. Al oficialismo le costó conseguir el quórum reglamentario de 129 diputados para habilitar el debate. El número mágico se alcanzó de manera agónica gracias a la intervención de la bancada de Provincias Unidas. Es fundamental señalar la responsabilidad política de estos sectores. Aunque luego algunos de sus integrantes votaron en contra en particular o se diferenciaran discursivamente para la tribuna, fueron ellos quienes garantizaron que la sesión se abriera. Sin su presencia, el presupuesto de déficit cero y recortes brutales no hubiera podido ni siquiera discutirse. Esta oposición responsable le brindó a Milei la posibilidad de conseguir la media sanción del ajuste.
Pero conseguir esta media sanción no le salió gratis a la gestión libertaria. Detrás de los 132 votos afirmativos hubo un festival obsceno de negociaciones a cielo abierto y un dispendio de recursos públicos que contradice el discurso de austeridad y el cantito de no hay plata. Para conseguir los votos, el gobierno tuvo que abrir la billetera del Estado y realizar un giro multimillonario de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) en las últimas semanas. Según trascendió, se repartieron más de 43.000 millones de pesos de manera discrecional a provincias aliadas como Tucumán y Misiones.
Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones), junto a Marcelo Orrego (San Juan), fueron los artífices de este pacto. Ordenaron a sus diputados acompañar el ajuste nacional a cambio de prebendas, ATN y promesas de reactivación de obras públicas, demostrando una vez más que la estructura del peronismo federal ha mutado en una columna vertebral del sostenimiento político de Milei. A pesar de esto, ni siquiera todo el dinero volcado pudo garantizarles la aprobación del paquete completo, evidenciando que el costo político de acompañar el ajuste cruel contra discapacitados y universitarios era un precio que ni siquiera estos miserables personajes de la política estaban dispuestos a pagar.
En cuanto al contenido económico aprobado, se trata de un dibujo contable creativo que nace desactualizado y desmentido por la propia realidad. El presupuesto proyecta para 2026 una inflación del 10,1%, un crecimiento del PBI del 5% y un dólar a $1.426 para diciembre de ese año. Estas cifras, diseñadas para encajar forzosamente en el Excel del déficit cero, contrastan violentamente con las medidas que el propio equipo económico está tomando.
La reciente decisión de Luis Caputo y Santiago Bausili de modificar el esquema de bandas cambiarias para que a partir de 2026 se ajusten por inflación, indexando el tipo de cambio al IPC, es la confesión de que la estabilidad de precios es una mentira. Al atar el dólar a la inflación pasada, el gobierno garantiza un mecanismo inflacionario que desmiente la proyección del 10% anual, la cual figura en la ley que acaban de votar. Si el dólar se mueve con la inflación, y la inflación se retroalimenta con el dólar, la espiralización de precios está asegurada, demoliendo las ideas macroeconómicas sobre las que se basa toda la ficción presupuestaria.
Dentro del paquete de leyes que el oficialismo logró avanzar, también se encuentra la media sanción de la Ley de Inocencia Fiscal. Bajo este nombre se esconde un nuevo régimen de privilegios para los evasores seriales y los fugadores de capitales. El proyecto eleva los montos mínimos para que la evasión sea considerada delito y crea mecanismos simplificados para blanquear activos no declarados sin penalidades. Una especie de legalización de la evasión fiscal como política de Estado, en detrimento de la recaudación que se podría destinar a políticas sociales.
Para señalar en el desarrollo de la jornada, también se encuentra lo sucedido en el medio del transcurso de la sesión. Mientras los diputados discutían la convalidación del ajuste, en las inmediaciones del Congreso las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo represivo contras las manifestaciones de jubilados y otros sectores que rechazaban la ley. La nueva ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, inauguró su gestión con gases y palos, ratificando la continuidad de la doctrina Bullrich. Toda esta violencia fue celebrada por el presidente, quien, mientras se trataba el presupuesto, participaba en el stream del “Gordo” Dan vestido con un mameluco de YPF, haciendo chistes y burlándose de la realidad social, como una clara muestra de la desconexión que maneja y caracteriza su mandato.
Frente a este escenario de entrega y provocación política, la respuesta debe ser contundente. La media sanción del presupuesto, aunque recortada, es un paso más en el plan de guerra contra las mayorías. Por eso, el llamado a movilizar en el día de hoy, 18 de diciembre, tiene una vigencia absoluta. A pesar de que la convocatoria de la CGT es tardía y no llama al paro nacional que la situación amerita, no podemos regalarle la calle al gobierno ni dejar que la burocracia negocie a nuestras espaldas.
Desde el MST en el Frente de Izquierda Unidad convocamos a marchar masivamente conformando una gran columna independiente, junto a los trabajadores del Garrahan que enfrentan los sumarios, a los sectores del sindicalismo combativo y otros sectores en lucha. Vamos a exigir un paro activo nacional y un plan de lucha serio para derrotar la reforma laboral esclavista, el presupuesto de hambre y todo el paquete represivo. La victoria parcial al frenar el ataque a las universidades y la discapacidad demuestra que se le puede ganar a este gobierno; ahora es momento de avanzar y frenar el ajuste completo. Tenemos que salir a la calle, para decirle no al plan de Milei, el FMI y los gobernadores cómplices.