Productores yerbateros realizaron este miércoles un abrazo simbólico al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), en Posadas para pedir la restitución de las facultades que el Gobierno Nacional le quitó en diciembre de 2023. Además, adelantaron que presentarán ante la Justicia Federal un nuevo recurso de amparo y un pedido para que se intime al presidente Javier Milei a acatar la medida judicial que frenó la desregulación de la actividad yerbatera que el Gobierno Nacional impulsó en diciembre de 2023 a través del decreto de necesidad y urgencia 70/2023.
El planteo se realizará ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 2, a cargo de Sebastián Ramos, quien tramita desde marzo una denuncia penal impulsada por los yerbateros por incumplimiento de los deberes de funcionario público contra Milei, luego que Nación no cubriera el cargo de presidente del directorio del INYM.
En esta nueva presentación, los productores se presentan como “víctimas de delitos” y le solicitaron al juez “se dicte una medida cautelar de naturaleza innovativa” por la cual se ordene al Presidente y funcionarios de Agricultura “el dictado inmediato del acto administrativo correspondiente a la designación del presidente del INYM conforme lo establecido por el artículo 22 de la Ley Nacional Nº 25.564”, que dio vida al Instituto.
El escrito, que será presentado por los abogados Luciana Guadalupe Kolodziej y Federico Padolsky, sostiene que con ese nombramiento, el Gobierno haría cesar “el estado derae delito permanente que en forma flagrante se encuentra cometiendo” y que genera un enorme daño a toda la cadena productiva yerbatera.
Los yerbateros sostuvieron que el Gobierno Nacional incurrió en los delitos de “usurpación de autoridad, abuso de autoridad, desobediencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Explicaron que el decreto de necesidad y urgencia que desreguló la actividad está apartado de las normas porque modifica una ley sancionada por el Congreso sin que exista “ningún tipo de necesidad o urgencia que pueda alegar para justificar su acto administrativo”. “Acá existe una ilegitimidad de origen”, explicó el abogado Padolsky.
“Los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional han ejercido funciones correspondientes a otro poder, creando una nueva legislación mediante el dictado de una resolución contraria a la Constitución Nacional y la Ley Nacional Nº 25.564”, señala el documento que dieron a conocer.
En la oportunidad recordaron que existe desde inicios del año pasado un amparo judicial de la jueza Civil y Comercial Adriana Fiori que frenó el proceso de desregulación. Esa decisión fue ratificada por la Justicia Federal luego que el Gobierno apelara. Los yerbateros consideran que al no designar al presidente del INYM, Milei está incumpliendo un fallo, lo cual configura también el delito de desobediencia judicial.
“La omisión del dictado del acto administrativo por parte del PEN, ocasionó un vacío institucional del INYM, que fue aprovechado por el oligopolio yerbatero para imponer mediante el derrumbe del precio de la materia prima, una brutal transferencia de riquezas del sector de la producción (y especialmente de la agricultura familiar) hacia el complejo yerbatero industrial, el que se ha enriquecido ilícitamente (sin justa causa) a costa del despojo del trabajo de miles de familias agrarias (agricultores y tareferos)”, señala el escrito.
Los yerbateros le pusieron números a ese perjuicio. Sostuvieron que sólo en la zafra 2024 los productores pequeños y medianos (hasta 100 hectáreas) dejaron de percibir más de 140 mil millones de pesos por el derrumbe del precio de la hoja verde, que en diciembre de 2023 alcanzaba 370 pesos y este año cayó a 180 pesos en algunas zonas. Todo en medio de un proceso inflacionario que multiplicó el valor de los insumos y el costo de vida.
El proceso de desregulación “ha permitido al oligopolio yerbatero el abuso de su posición dominante, imponiendo un proceso de destrucción política y económica del sector de la producción primaria, ocasionando artificialmente la inviabilidad económica de la chacra misionera. Ello conforme lo experiencia histórica, redunda en la pérdida de las unidades económicas en poder de las familias agrarias… ocasionando un nuevo proceso de destrucción de empleo y concentración de tierras en cada vez menos manos”, señalaron en el documento.
Además, expresaron que el daño generado por la omisión del Poder Ejecutivo Nacional “adquiere una dimensión social, alimentaria, constitucional y de derechos humanos (…). ocasionando un daño personal a quienes componen la familia agraria y su proyecto de vida, mediante la enajenación forzada del fruto de su trabajo, con el consecuente daño moral y psicológico”.
Y que la pérdida de ingresos generó también la imposibilidad de cubrir la canasta básica alimentaria, el acceso a la salud y la continuidad educativa de los hijos de los productores, generando un círculo de pobreza estructural.
El recurso de amparo fue firmado frente al INYM por Jorge Skripczuk, presidente de la Asociación Civil Impulso Yerbatero; Waldemar Schwider, presidente de la Asociación Civil Casa de la Familia Yerbatera, de San Pedro; Ana Cubillas, secretaria general del Sindicato Único Obreros Rurales; Hugo Sand, presidente de la Asociaciones de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM); Salvador Torres, presidente de la Cooperativa Río Paraná; Julio Petterson, presidente de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte (ACPYN), de Andresito; Hugo Silva, referente de la agrupación “Tareferos Justos de Oberá”; y los productores Diego Petterson y Pedro Basilio Mulawka (Andresito, Elena Luisa Fleitas y Luis Alberto Andrusyszyn (Apóstoles), y Jorge Arturo Lizznienz y Yonathan Kevin Szwarc (Jardín América).