Tras la derrota electoral y en medio de una creciente incertidumbre política y económica, el gobierno de Javier Milei prepara un nuevo paquete de ajuste para cumplir con las metas del Fondo Monetario Internacional (FMI). El plan, que se aplicará con mayor intensidad después del 26 de octubre, contempla reducción de salarios estatales, quita de subsidios a la energía y al transporte, y un recorte en las transferencias a las provincias. A esto se suman reformas estructurales de alto impacto: una reforma jubilatoria que buscará elevar la edad de retiro y recalibrar los haberes, una reforma laboral orientada a flexibilizar contrataciones y reducir costos para las empresas, y una poda en los programas sociales para achicar el gasto público.
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El objetivo del gobierno es consolidar un superávit primario del 1,6% del PBI en 2025, una meta más exigente que la pedida por el Fondo. “El 1,6% fue una idea del Gobierno, no del Fondo. Ellos pidieron 1,3% y el gobierno propuso 1,6%”, aclaró a Página/12 Héctor Torres, exdirector ejecutivo del organismo. La Casa Rosada busca mostrar disciplina fiscal extrema, aunque cualquier desvío podría complicar los desembolsos futuros.
Justificación oficial y respaldo del FMI condicionado
El FMI calificó como “costosos” los proyectos aprobados en el Congreso para mejorar jubilaciones, reforzar la universidad pública, declarar la emergencia pediátrica, ampliar la asistencia en discapacidad y aumentar las transferencias a las provincias.
En línea con esa advertencia, Milei ya vetó varias de esas iniciativas y avanza en limitar la aplicación de la ley de emergencia en discapacidad mediante un reglamento que, según admiten algunas fuentes cercanas a Casa Rosada, buscará hacer inviable su implementación.
El último informe técnico del organismo fue más explícito: las reformas estructurales –jubilatoria, laboral y social– son condición para consolidar los “logros alcanzados hasta ahora”. Ese paquete, clave en la negociación con el Fondo, aparece como la pieza central de la estrategia de ajuste que el Ejecutivo desplegará en los próximos meses.
En paralelo, Milei anunció que el lunes dará una cadena nacional para presentar el presupuesto 2026. El mensaje, según fuentes oficiales, buscará reforzar la idea de que su gobierno fue votado para “ordenar el país” y que, pese al mal paso de las elecciones bonaerenses, no habrá cambios en la orientación.
“Cometimos errores, pero no vamos a modificar el rumbo”, insistió el vocero Manuel Adorni. La narrativa oficial se resume en la consigna que repite el ministro de Economía, Luis Caputo: “Ajuste o comunismo”, con el equilibrio fiscal como columna vertebral del plan económico.
Desde Washington, la vocera del FMI, Julie Kozack, reconoció los avances en la reducción de la inflación, que se mantuvo por debajo del 2% durante cuatro meses, y valoró el programa de desregulación impulsado por Federico Sturzenegger. Sin embargo, evitó confirmar un adelanto de los USD 6.000 millones pendientes del acuerdo de Facilidades Extendidas. “El Fondo va a seguir apoyando, pero el rumbo no se va a modificar”, advirtió Torres, exdirector ejecutivo del organismo, al subrayar que la mirada del FMI estará puesta en el presupuesto 2026 y en la capacidad del Gobierno para sostener las reformas comprometidas.
El frente cambiario y la advertencia por las reservas
En agosto, durante la primera revisión del acuerdo, el FMI alertó sobre las reservas del Banco Central, demasiado bajas para sostener el valor del peso y garantizar financiamiento. Pese a esa advertencia, el Gobierno decidió no acumular dólares durante los meses de cosecha, lo que dejó al Central sin colchón y al borde de la fragilidad. “La decisión de no acumular reservas fue un grosero error”, señaló Torres.
La tensión se amplificó tras el cimbronazo electoral en la provincia de Buenos Aires: el Merval cayó 16,2% en dólares en un solo día y apenas logró un rebote leve después. Para contener la inestabilidad, el Banco Central intervino con liquidez y letras de corto plazo.
Según la consultora Eco Go, dirigida por Marina Dal Poggetto, la estrategia oficial será mantener el dólar dentro de la franja pactada hasta las elecciones de octubre. Pero esa política puede resultar costosa: consumir reservas, tensionar el mercado cambiario y erosionar la confianza de inversores y ahorristas en un país agobiado por el ajuste y con un equilibrio fiscal cada vez más difícil de sostener.