Patricio Alejandro Maraniello es juez titular del Juzgado Federal Civil y Comercial 5, abogado recibido en la UBA, divorciado y padre de dos hijos. También es presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional desde 2014, vicepresidente de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional desde 2012 y miembro fundador. A su vez, forma parte de la Asociación de Derecho Constitucional Argentina desde 2006. Actualmente no asiste al juzgado desde fines del año pasado: vive y trabaja desde su departamento en una exclusiva Torre de Puerto Madero. Es, finalmente, el letrado que ordenó cesar con la difusión de los audios de Karina Milei.
El 17 de octubre de 2024, la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación (Aefpjn) celebró haber logrado que se disponga “una consigna policial en el horario laboral” dentro del juzgado de Maraniello para “resguardar” a los empleados. Sin embargo, el juez niega todas las acusaciones y señala que son todas una falacia. Maraniello fue notificado el 19 de agosto pasado, y desde entonces tiene un plazo de 20 días para ejercer su defensa por escrito, designar abogado, ofrecer pruebas y manifestar lo que considere necesario.
Entre los expedientes en curso por abuso sexual, que son cinco, se destaca el testimonio de una empleada que declaró haber sido hostigada por el juez a menos de una semana de comenzar a trabajar.
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En otro de los expedientes, una agente de su juzgado declaró haber recibido mensajes por redes sociales de parte del magistrado, comentarios sobre su vestimenta, miradas inapropiadas y maltrato al no acceder a pedidos fuera del ámbito laboral.
Los cargos son presunto abuso de poder, acoso laboral y sexual, maltrato a empleados, uso indebido de recursos públicos e incumplimiento del reglamento para la Justicia Nacional.
El censurador, censurado
Las reuniones de su Asociación se hacen con insumos del Juzgado, al punto de que en el Juzgado Civil y Comercial 5 no hay papel higiénico.
Al ser su novia la secretaria del Juzgado, Priscila Ferrari, las peleas de la pareja influyen en el normal funcionamiento del área. Esas discusiones se iniciaban en reclamos de ella hacia él por las insinuaciones que le hacía al resto de las empleadas.
Otro de los casos es la instalación de un dispositivo para tomar audio e imagen del Juzgado sin autorización de la Cámara y del Consejo de la Magistratura.
Por lo que afirman sus allegados es una persona que no tiene banderas políticas y su ambición de poder es mucho más fuerte que cualquier convicción: “Es una persona que ingresó con perfil bajo pero fue creciendo en su narcisismo y no logró frenar al verse totalmente impune”.
Las banderas políticas no importan cuando de poder se trata
Una vez que se conocieron estas denuncias que pesan sobre él en el Consejo de la Magistratura, decidió dar de baja la página web de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional en dónde también recibió denuncias incluso internacionales por falsificar apoyos.
Entre los miembros argentinos que figuran como Miembros Adjuntos Argentinos aparecen: Eugenio Zaffaroni, Eugenio Semino, Alberto Lugones, Juan Mahiques, Julio Cordero, Alejo Ramos Padilla, Anabella Hers, Daniel Lipovetzky, Maria Eugenia Talerico, Fanny Mandelbaum, Diego Luciani, Juan Rozas, Horacio Rossatti.
Andrés Gil Domínguez es miembro adjunto y opinó en contra posición al fallo que emitió el Presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional en X.
A su vez el presidente de la Comisión de Disciplina en el Consejo de la Magistratura, Cesar Grau, tiene que definir el futuro de Patricio Maraniello. Hay una particularidad en este hecho: Grau también es miembro.
Maraniello y la maraña de contactos
Maraniello es muy amigo del abogado Sebastián Nanini quién es dueño del 99% del paquete accionario del laboratorio HLB Farma. A través de él es que Maraniello comienza con su red de contactos. Nanini es Secretario de Relaciones Institucionales de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional.
Un visitante muy frecuente del laboratorio es Fredy Lijo hermano de Ariel Lijo, a quién desde la Asociación Argentina de Justicia Constitucional le respaldaron la candidatura para la Corte Suprema. Fredy suele ir a buscar ampollas de fentanilo para el stut de equitación. La relación con Ariel Lijo es tan cercana que es quién lo acerca con Ricardo Lorenzetti y a su vez conoce al camarista Alfredo Gusman.
El camarista Gusman al igual que Eduardo Gottardi figuran como miembros de la Asociación y son según se cuenta en los tribunales de la calle Libertad quienes podrían juzgar la apelación que realizó Perfil al fallo contra la Libertad de Expresión.
Las otras causas del Señor Fentanilo
Sebastián Nanini fue funcionario de Legales en el Municipio de José C. Paz, además en 2011 fue apoderado del PJ de Mario Ishii, según pudimos corroborar se conocen de la política, Nanini a través de Ishii conoce a Lazaro Baez quién siempre le fue esquivo, se cuenta una anécdota en el mausoleo de Néstor Kirchner en Río Gallegos, dónde Baez le pide al Intendente del poncho que se lo lleve porque Nanini era una persona que lo estaba agotando. Años más tarde, el abogado representó a su exesposa en la división de bienes.
Con respecto a la relación con Ishii, él fue quién llamó al Consejo de la Magistratura para saber cuál era la situación de Maraniello, se sospecha y es algo que está bajo la investigación del Consejo de la Magistratura es que a través de la Universidad Nacional de José C. Paz se haya financiado un viaje a Washington que hicieron integrantes de la Asociación entre ellos Maraniello y Nanini.
Pedido de Juicio Político desde la Coalición Cívica
Elisa Carrió, Hernán Reyes y Marcela Campagnoli le iniciaron en el Consejo de la Magistratura un pedido de Juicio Político, por mal desempeño en el fallo que prohíbe la difusión de audios en los que se acusa a Karina Milei de cobrar el 3% sobre el precio que pagaba el Estado Nacional en la compra de medicamentos.
A la acusación se le suma convivencia con el Poder Político, puntualmente con el Viceministro de Justicia Sebastián Amerio. Otro de los puntos que radican en el pedido es el Tráfico de Influencias dado que la Asociación Argentina de Justicia Constitucional recibió financiación de HLB FARMA y Laboratorios Ramallo, una situación incompatible con su labor como Juez Civil y Comercial, el último de los puntos tiene que ver con las denuncias de abusos que ha recibido de sus subalternos.
Gi