Después de tres décadas en Estados Unidos, Juan Aguilar, un migrante mexicano de 49 años, fue deportado a Michoacán, México, en medio de una controversia legal que sacudió a defensores de derechos humanos y expertos judiciales. Lo acusan de haber violado una ley migratoria estatal en Florida, aunque esta norma se encontraba bloqueada por una orden federal. Él afirma que nunca entendió los motivos por los que terminó esposado, sin defensa y fuera del país norteamericano, en donde nacieron tres de sus cinco hijos.
Todo comenzó con lo que parecía ser un incidente cotidiano. El 29 de mayo, tras haber trabajado más de diez horas, Aguilar conducía de regreso a su casa en un suburbio de Jacksonville, Florida. En un momento dado, tomó un giro equivocado y apenas rozó otro vehículo. Para la otra conductora, el percance significó perderse un concierto de música country; para él, el fin de su vida en suelo estadounidense.
Las autoridades del condado de St. Johns lo arrestaron bajo la ley SB4-C, una medida estatal impulsada por el gobernador Ron DeSantis que criminaliza la entrada o reingreso a Florida de personas indocumentadas. El problema: esa regla ya había sido suspendida en abril por una jueza federal.
Según reveló The Marshall Project, Aguilar fue arrestado, enjuiciado, condenado y entregado a inmigración en menos de tres días.
“No me dieron oportunidad de defenderme”, declaró Aguilar a dicha organización. Asegura que el policía ni siquiera escuchó su versión del accidente. “Simplemente, le dio la razón a esa persona y a mí me culpó”.
El desarrollo del caso alarmó a juristas y organizaciones de derechos civiles. En su primera comparecencia ante un juez, Aguilar pidió un abogado, pero no se le asignó ninguno. En cambio, el fiscal —cuyo departamento está siendo demandado en la corte federal por aplicar la ley SB4-C— le ofreció un acuerdo de culpabilidad. El mexicano lo aceptó de inmediato, al creer que no tenía otra opción. El defensor público presente en la audiencia no intervino y el juez aprobó el acuerdo.
Varios expertos consultados por The Marshall Project coincidieron en que el sistema judicial falló de manera estrepitosa:
Brandon Garrett, profesor de derecho en la Universidad de Duke, calificó lo ocurrido como una violación al debido proceso. “Es sumamente preocupante que se lo haya procesado por un crimen inconstitucional”, afirmó.
La SB4-C fue aprobada por la legislatura de Florida en febrero de 2025, como parte de un paquete de medidas anti inmigrantes que buscaban alinearse con la agenda del presidente Donald Trump. La norma permite que el Estado acuse penalmente a personas indocumentadas que crucen sus fronteras, lo cual entra en conflicto directo con la jurisprudencia federal que establece que el control migratorio es competencia exclusiva del gobierno nacional.
El 4 de abril, la jueza federal Kathleen Williams bloqueó temporalmente la ley mientras avanza una demanda presentada por organizaciones civiles. Sin embargo, el fiscal general estatal, James Uthmeier, envió una carta a las fuerzas de seguridad donde aseguraba que podían realizar arrestos bajo esa ley. Posteriormente, la jueza lo declaró en desacato.
En total, al menos 27 personas fueron arrestadas en Florida tras la orden de suspensión judicial, según una investigación de The Marshall Project. Entre ellas había pasajeros de autos accidentados, un ciudadano estadounidense y personas detenidas por cruzar brevemente a otro carril. Aguilar es el único caso documentado en el que se produjo una condena y deportación.
Después de aceptar el acuerdo judicial, Aguilar paso un día más en la cárcel antes de ser transferido al control del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Permaneció siete días detenido, y cada jornada —según relató— le presentaban papeles en inglés, bajo amenaza de deportación. Finalmente, firmó, sin saber con certeza qué estaba aceptando.
Cuando la fiscalía estatal notificó al tribunal federal sobre su arresto, el cargo migratorio fue anulado. Sin embargo, Aguilar ya se encontraba en México. Fue llevado esposado hasta la frontera y entregado a las autoridades mexicanas. Todavía conserva una condena por manejar sin licencia.
El caso llamó la atención de medios como Univision, que también documentaron cómo Aguilar nunca recibió defensa adecuada. “Yo pedí que me asignaran un abogado. En ningún momento me explicaron nada, simplemente me mandaron de la cárcel a migración”, contó.
Actualmente, Aguilar vive en la comunidad de Pilares, en Michoacán, mientras intenta obtener ayuda legal para regresar a Estados Unidos. Tres de sus cinco hijos son ciudadanos estadounidenses y no los pudo ver desde hace más de un mes.