El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín ordenó a la gestión del presidente Javier Milei que se abstenga de hacer cambios en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Así lo pidió la jueza Martina Forn, quien ordenó que no se realice “ningún acto administrativo” derivado del Decreto 462/2025, como reubicaciones, traslados, despidos, suspensiones o supresión de áreas relacionadas con el centro de innovación.
Según el decreto, el organismo dejaría de ser un instituto para funcionar como una dirección dentro del Ministerio de Economía, en un plazo de seis meses. El objetivo es que mantenga su nombre «con el objeto de preservar su reconocimiento internacional y garantizar la continuidad de su identificación en el ámbito del Sistema Nacional de la Calidad”.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) presentó una medida cautelar, alegando que el decreto buscaba en realidad “configurar una desviación de poder que ocultaría una disolución, desfederalización y vaciamiento del INTI”. Al mismo tiempo, advirtieron que “la centralización de los recursos del INTI en el Tesoro Nacional burocratizaría y politizaría el pago de salarios, al depender exclusivamente del presupuesto asignado por el Ministerio, y que tal modificación eliminaría la capacidad del organismo de autogestionar sus ingresos para sostener su estructura operativa”.
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Ante cualquier cambio que afecte los derechos laborales y sindicales de los trabajadores del INTI, la jueza Forns respaldó a ATE y y prohibió avanzar con esas medidas. De acuerdo a la magistrada, la disposición del Gobierno vulnera de forma manifiesta “el principio de estabilidad, así como los derechos laborales y sindicales reconocidos a los trabajadores estatales, al sustraerlos del ámbito de protección de las Convenciones Colectivas de Trabajo vigentes y al interferir en cuestiones que deben resolverse en el marco de la negociación colectiva y de los regímenes estatutarios respectivos”.
De esta manera, la jueza explicó que, “teniendo en cuenta que en esta etapa preliminar del proceso se verifican circunstancias graves y objetivas, se justifica el dictado de una medida cautelar de no innovar, a fin de evitar perjuicios irreparables y preservar el statu quo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo”.
Los trabajadores estatales celebraron la decisión judicial
Ante la decisión del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín, el titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, celebró el fallo y apuntó contra la administración del presidente Javier Milei: «La Justicia volvió a dar la razón a ATE y frena el cierre del INTI”, publicó en su cuenta de X.
La publicación advierte: “Presidente @JMilei, para asegurar el plan colonial que le encargaron, usted se propone aniquilar la industria y la producción, pero no va a poder. @fedesturze te digo que son bastante inútiles, eh. Ni las facultades delegadas supieron utilizar. Uno por uno vamos a voltear tus decretos truchos”.
La decisión judicial representa otro revés para el oficialismo, que había anunciado reformas en varios organismos estatales. A través de un plan detallado por el vocero presidencial Manuel Adorni, el INTI pasaría de ser un organismo descentralizado a una “unidad organizativa dependiente” de la Secretaría de Industria y Comercio, luego de detectar una estructura “sobredimensionada y con poca coordinación entre funciones estratégicas y necesidades del sector industrial”.
Apenas hace unos días, el mismo juzgado frenó por seis meses el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad. La resolución ordena al Gobierno abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo derivado del decreto 461/2025, incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones o supresión de áreas vinculadas a ese organismo.
Destacó la jueza que Vialidad “es una entidad autárquica de derecho público, con personalidad para actuar privada y públicamente conforme a las disposiciones del decreto ley 505/1958” y que la relación laboral del personal está regida por la Ley de Contrato de Trabajo.
MV/EM