El domingo próximo tendrán lugar en la provincia de Santa Fe las elecciones para elegir a los convencionales constituyentes que tratarán la reforma de la Constitución provincial en 2026. Con más de dos tercios, la legislatura sancionó en diciembre pasado la ley que estableció esta necesidad, una iniciativa del gobernador Maximiliano Pullaro, que terminará con la sana tradición de Santa Fe de impedir la reelección consecutiva del titular del Poder Ejecutivo. Solo quedará la provincia de Mendoza con el título de mantener la tradición republicana de limitar los mandatos adoptada por los padres fundadores de nuestras instituciones en 1853 cuando en esa misma ciudad aprobaron la Constitución nacional y terminaron con el reeleccionismo imperante en casi todas las provincias en el período preconstitucional luego del colapso del Estado nacional en 1820.
Con la reforma, diputados y senadores provinciales deberán ser residentes. Tanto ellos como intendentes y concejales ya contaban con reelección indefinida para todos los cargos; no así el gobernador y el vicegobernador. La reforma establecerá solo una reelección para todos, por lo que solo podrán gobernar por un máximo de ocho años. La edad para acceder a cargos electivos y la duración de los períodos de sesiones estarán en debate. Muchas de estas propuestas solo pretenden disimular la verdadera intención detrás de la iniciativa reformista, que es abrirle la posibilidad de un nuevo período al actual gobernador.
El proyecto de reforma, que prevé revisar 43 artículos, tiene algunas iniciativas interesantes, como dar a la ficha limpia rango constitucional y terminar con un privilegio del que gozan los legisladores, que no pueden ser procesados mientras cumplen con sus mandatos. El fuero solo evitará la detención, pero los procesos penales podrán tramitarse. No deben olvidarse las fundadas sospechas que vinculan a legisladores con el narcotráfico, que tantos estragos ha hecho en Rosario y otras localidades de la provincia de Santa Fe. En este sentido, la reforma busca afianzar las políticas de lucha contra la violencia y el narcotráfico, considerando medidas más duras en las cárceles y dando más respaldo a las fuerzas de seguridad.
Se propone también adaptar algunos artículos al texto de la reforma de la Constitución nacional de 1994.No faltan las disposiciones retóricas sobre supuestos derechos que se adquieren y que no pasan de ser enunciados de propósitos que no los garantizan. Entre ellos figuran el derecho a la ciudad, al agua, el derecho a la cultura y a la seguridad pública, entre otros.
El sistema previsional provincial también se incorpora a la Constitución, dificultando reformas que las realidades demográficas y financieras imponen para hacerlo sustentable y sin privilegios. En materia de trabajo docente, pretende impedir las necesarias transformaciones que requiere nada menos que la educación y, en cambio, pretende instalar un fuero sindical docente con rango constitucional.
Se agregan cuestiones como la vigencia de los tratados internacionales que ya están incluidos en la Constitución nacional.
Sería deseable que, en caso de aprobarse la reelección, quede en claro que el actual período de gobierno será el primero también de la nueva Constitución. Tomando el ejemplo de la Constitución mendocina, se debiera redactar una cláusula antinepotismo que prevea que los familiares del gobernador tienen que esperar un período de gobierno para aspirar a ese cargo y así evitar sucesiones dinásticas propias de regímenes patrimonialistas en los que las esposas suceden a sus maridos en el gobierno, como en Santiago del Estero, o lo hacen sus hermanos, como en San Luis durante el extenso y nefasto predominio de los Rodríguez Saá.
No está previsto en el proyecto de reforma cambiar el sistema de elección de los senadores provinciales. Se seguirá eligiendo uno por departamento, sin tener en cuenta la realidad demográfica, pudiendo llevar a una sobrerrepresentación de una fuerza política en el Senado.
Como tantos proyectos reformistas, este también olvida que las constituciones son un pacto de convivencia para garantizar derechos y libertades ciudadanas limitando el poder. Los cambios propuestos son en gran parte temas para tratar en la Legislatura, no en una Constitución cuyo objetivo más explícito es habilitar la reelección del gobernador, no limitar su poder.
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