En medio del escándalo de la asesora “fantasma” Virginia Martínez, imputada en la causa judicial que tiene preso al dirigente peronista Guillermo Kraisman, el jefe del bloque UCR Matías Gvozdenovich le pidió “en carácter de urgente” a la vicegobernadora Myrian Prunotto que se informe a través del portal de transparencia los contratos legislativos de asesores y empleados de la Legislatura.
El planteo radical, formalizado mediante una nota dirigida a la autoridad del cuerpo, se basa en la negativa por parte del Poder Legislativo ante a la requisitoria pública de informar el listado oficial de agentes contratados en medio de “las circunstancias de público conocimiento sobre la existencia de agentes ‘fantasmas’”, reza la misiva.
“Existe el deber moral de publicar de forma inmediata sin ningún tipo de resistencia ni miramientos o preferencias políticas, la totalidad de los agentes con los que cuenta la Legislatura provincial”, aseguró la espada legislativa de la UCR.
La demanda del deloredista apunta al reclamo de las principales bancadas del arco opositor al PJ por no dar a conocer la nómina oficial, tarea que le compete a las autoridades de la Unicameral que responden al peronismo. La mayoría de las representaciones opositoras (salvo los monobloques de Karina Bruno y Graciela Bisotto) proporcionaron por cuenta propia sus listados de asistentes legislativos contratados ante la requisitoria periodística.
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El bloque del PJ, que tiene mayor despliegue dentro de la Cámara, por sumar 33 legisladores y comandar el grueso de las 30 comisiones, se viene negando a hacerlo, incluso ante los distintos pedidos de acceso a la información pública para transparentar los datos. La principal razón de la negativa es un planteo del gremio que nuclea a los legislativos.
La lupa se posó sobre los contratados en la Unicameral debido al caso de la “asesora fantasma” que fue nombrada (luego de un mes dada de baja) por la legisladora Nadia Fernández a pedido de Guillermo Kraisman, hoy detenido en la causa por intentar cobrar el sueldo de Virginia Martínez, quien fue imputada por el delito de falso testimonio agravado en el marco de la conocida “causa Kraisman».
La madre de Martínez, Patricia Defunchio, también quedó imputada por el fiscal del Fuero Anticorrupción Franco Mondino. Se la acusa del delito de defraudación de la administración pública agravada en grado de tentativa, en calidad de partícipe necesaria.
Fuerte malestar
En la oposición no ocultan su malestar con Prunotto y las espadas del PJ por no difundir el listado de los contratos legislativos de asesores y empleados de la Legislatura. “Nos meten a todos en la misma bolsa”, se quejó un halcón cambiemista al advertir que ellos ya aportaron la información que fue publicada por la prensa.
En el peronismo hay muchos enojados por la licencia que se tomó la vicegobernadora en medio del escándalo. El panorama pasó de gris a negro cuando apareció la foto de Prunotto en Nueva York que publicó Perfil Córdoba. La titular de la Unicameral regresó al país el viernes por la tarde. En el peronismo esperan por Prunotto. El martes será un día bisagra en torno a la definición sobre la lista oficial que se reclama.
De las reuniones mantenidas en los últimos días, del presidente provisorio Facundo Torres con la representación del Sindicato de Empleados Legislativos (SELC), habría surgido un entendimiento de publicar el listado con los nombres, pero se mantiene el enunciado de no difundir los “datos personalísimos”, con la advertencia de recurrir a la Justicia si se vulneran derechos.
Torres y el Selc vienen haciendo alusión a un fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de 2022 que ordenó despersonalizar datos de los agentes municipales. La resolución fija que la Municipalidad de Córdoba no podrá divulgar cuánto cobra cada empleado. Unos años antes –a través de una cautelar– se había quitado el dato del DNI de cada trabajador municipal del listado publicado en el portal de datos abiertos.
“No se está pidiendo que no se publique, sino que se tenga cuidado con lo que se publica”, aportó una fuente legislativa bien informada acerca del pedido del sindicato a las autoridades de la Legislatura. ¿Cuál es la clave central del planteo? Que la información divulgada no permita asociar con la identificación de cada empleado. De hecho, ese fue el reclamo de fondo del Suoem cuando recurrió a la justicia.
“Lista pulida”
Sin ocultar un marcado malestar por la situación que debió dar cuenta el PJ, un opositor se quejó: “Nos enchastra a todos”. Al no escatimar fuego en su crítica, advirtió que el oficialismo buscó “ganar tiempo” para “pulir la lista”. En igual sentido se pronunciaron otras voces de pasillo que se escucharon en los últimos días en la Unicameral.
“No estamos buscando ganar tiempo. Sólo no podemos responder sin escuchar un planteo formal del sindicato. Es una negociación para evitar un proceso judicial”, aseguró Torres en rueda de prensa en la sesión pasada. A su vez, el oficialista se excusó de pronunciarse sobre el accionar de Nadia Fernández ante el contrato de la polémica en la “causa Kraisman”, al haber un proceso judicial. “Siempre dije que cuando la Justicia habla los políticos tienen que callar”, aseveró.
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De todos modos, en la oposición halcón se dice que “el PJ ya pulió la lista” y que habría más de 200 contratados con pase a comisión a otros organismos y agencias. Hay un rumor fuerte de que el de Martínez no sería el único contrato que tenía Kraisman. En el peronismo lo niegan. “La emprolijaron tanto que está mejor que cualquier bloque”, chicaneó un interlocutor válido del palo no oficialista. Otra fuente de peso también aportó su crítica contra el oficialismo. “Acomodaron toda la Legislatura”, ironizó y completó: “No van a encontrar nada”.
A inicios de febrero, la Legislatura precisó que tenía 1.072 contratados (hay que agregar algo menos de 400 de planta permanente). “La oposición completa no llega a 300 ¿dónde están los 700 y pico restantes?”, lanzó un cambiemista al apuntar contra el PJ. Ese dato podría estar sujeto a revisión con “la lista pulida”, dijo en su ácido comentario.
Según lo informado, cada legislador cuenta con cinco asesores (serían 350), aunque la oposición dispone de contratos con las categorías más bajas, no así el oficialismo. Además, hay que contabilizar tres funcionarios en cada bloque de los más grandes y los asistentes en las 30 comisiones. No hay datos respecto a los monotributistas. Por su parte, el gremio mantiene la queja por los bajos salarios que en general perciben los trabajadores de la Unicameral.