El Gobierno analiza la posibilidad de remover a Rodolfo Barra de su cargo como jefe de los abogados del Estado tras un dictamen de la Procuración del Tesoro que fue considerado desfavorable para los intereses oficiales.
Barra, quien fue ministro de Justicia y juez de la Corte Suprema durante la presidencia de Carlos Menem, respaldó un informe firmado por su adjunto, Marcos Serrano, que beneficiaría a un empleado del Ministerio de Justicia. Este trabajador recibía incentivos salariales a través de un acuerdo con la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). Dicho convenio fue cancelado por el Gobierno, decisión que resultó en el despido de 2.500 empleados estatales.
En el Gobierno esperan que Rodolfo Barra presente la renuncia
Desde el Ejecutivo esperan que Barra, quien asumió su puesto en diciembre de 2023 en medio de cuestionamientos por su pasado en el movimiento nacionalista Tacuara, presente su renuncia voluntaria. En la Casa Rosada se critica no solo el dictamen firmado, sino también presuntos viajes de Barra que habrían interferido en el desempeño de sus funciones.
La polémica se desata poco después de que Ignacio Yacobucci fuera desplazado de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo encargado de combatir el lavado de activos. Su lugar fue ocupado por el exfiscal Paul Starc, considerado cercano a Santiago Caputo, influyente asesor presidencial. Paralelamente, el monitoreo del sistema judicial recae en el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, quien supervisa directamente estas cuestiones incluso por encima del ministro Mariano Cúneo Libarona.
En cuanto al dictamen objetado, fuentes del Ejecutivo admiten el descontento: «Es cierto que causó malestar». Este episodio se da en el marco de una reforma más amplia impulsada por el presidente Javier Milei, que incluyó el cierre de más de 136 agencias de registro automotor. Sin embargo, el proyecto para implementar un registro único, digital y remoto sigue sin concretarse, a pesar de haber sido anunciado como una prioridad.
Qué hay detrás del enojo del Gobierno con Rodolfo Barra
Durante años, los Registros del Automotor han operado en colaboración con una entidad privada, la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). Esta asociación empleaba a 2.500 trabajadores que prestaban servicios para el Ministerio de Justicia y gestionaban el pago de incentivos adicionales a los salarios base. Estos incentivos permitían, por ejemplo, que un director del Ministerio liderado por Mariano Cúneo Libarona pudiera duplicar su sueldo en comparación con los directores de otras áreas gubernamentales.
El 31 de diciembre, el Gobierno decidió rescindir el convenio con ACARA, lo que resultó en el despido de la mayoría de los empleados. Algunos lograron ser recontratados en la administración pública, aunque bajo contratos temporales regidos por la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), y no como personal de planta permanente. Se estableció que los salarios cubrirían entre el 80% y el 90% de lo que recibían anteriormente, excluyendo los incentivos. Los acuerdos fueron firmados por cada trabajador y homologados en el fuero laboral, incluyendo una cláusula donde los empleados renunciaban a realizar futuros reclamos relacionados con estas condiciones.
Sin embargo, una trabajadora identificada como A.T. presentó una impugnación contra la decisión del Ministerio de Justicia de eliminar su incentivo. Al tratarse de una demanda contra la administración pública, el equipo liderado por Cúneo Libarona solicitó un dictamen a la Procuración del Tesoro, órgano encargado de representar legalmente al Estado, anticipándose a un eventual litigio en la justicia laboral. Aquí es donde, según el Gobierno, comienzan los errores críticos de Rodolfo Barra.
El exministro de Justicia impulsó un dictamen que favorece a la demandante y perjudica los intereses del Estado. Según el documento, el incentivo percibido por A.T. tenía carácter remunerativo, lo que validaba su reclamo y le daba derecho a exigir su reincorporación. Además, el dictamen sugería que el Ministerio debía ajustar la situación para garantizar la legalidad del contrato. Aunque no vinculante, el informe dio argumentos al fuero laboral para fallar a favor de la trabajadora, generando profundo malestar en la Casa Rosada.
La situación se complicó aún más cuando se descubrió que Barra no firmó personalmente el dictamen, delegando la tarea a su adjunto, Marcos Serrano. Ante los reclamos por parte del Ejecutivo, Barra intentó desvincularse de la decisión y trasladó la responsabilidad a Serrano. Este acto fue interpretado como una deslealtad hacia su equipo y una subestimación de los interlocutores gubernamentales, quienes consideran evidente que un dictamen de tal magnitud debe ser avalado por la máxima autoridad de la Procuración.
Más allá de las fallas técnicas y administrativas, el caso tiene una dimensión política significativa. Para Javier Milei y su entorno, la situación es insostenible, y esperan que Barra presente su renuncia de manera voluntaria. Aunque no buscan destituirlo directamente, como ocurrió con Ignacio Yacobucci en la Unidad de Información Financiera, consideran que Barra ya no forma parte del proyecto oficial. Desde su perspectiva, es inaceptable que el abogado del Estado emita un dictamen que favorezca a una parte contraria al propio Gobierno.