El 10 de diciembre, a un año de su asunción, el presidente Javier Milei decretó la derogación de la Ley 26160, que declaraba la “Emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquéllas preexistentes, así como sus prórrogas”.
La decisión del Ejecutivo nacional tiene entre otros antecedentes la votación negativa del país a una resolución que -aún con contradicciones- reconocía derechos de los pueblos indígenas en la Asamblea de la ONU de noviembre pasado, así como la suspensión por parte del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) de las solicitudes de personería jurídica de comunidades indígenas en trámite ante el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI).
Según denunció el diputado del Frente de Izquierda, Alejandro Vilca, esta medida, adoptada sin la participación de los pueblos indígenas, podría llegar a impactar al menos en 250 de las 1881 comunidades indígenas identificadas oficialmente en el país, y a cerca del 47% del total, que aún no han realizado el relevamiento territorial correspondiente.
Desde las bancas del FITU presentamos un proyecto de derogación del Decreto 1083/2024 que suspende la Ley 26.160 de emergencia contra los desalojo a las comunidades y pueblos originarios. La Libertad Avanza y sus cómplices gobiernan a pedido de empresarios, inmobiliarias, mineras… pic.twitter.com/nSkUbUBuhI
— Alejandro Vilca (@vilcalejandro) December 10, 2024
Un nuevo ataque a las comunidades indígenas
El nuevo Decreto 1083/2024, que publicó este 10 de diciembre el presidente Milei, “ataca particularmente la protección de esas tierras y abre paso a la política de desalojos, priorizando los intereses privados y estatales sobre los derechos de los Pueblos Originarios”, explicó el diputado jujeño, y contó que presentó por eso un proyecto de ley en el Congreso que propone derogar la medida del Ejecutivo.
El decreto en cuestión, que anula la Ley 26160, desconoce la preexistencia étnica de los pueblos indígenas en la Argentina y el derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan esas comunidades y pueblos, a la par que estigmatiza a las comunidades originarias y las acusa de “usurpar” tierras y “ejercer violencia”.
El proyecto de Vilca, que también lleva la firma de los restantes diputados del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño (PTS), Christian Castillo (PTS), Mónica Schlottahuer (IS) y Vanina Biasi (PO), denuncia asimismo que para justificar esta medida el Gobierno sostiene que la vigencia de esta ley genera «inseguridad jurídica» y afecta los derechos de «legítimos propietarios», en tanto criminaliza la lucha por la tierra e invisibiliza décadas de resistencia y organización de las comunidades y pueblos originarios frente a un sistema que prioriza los negocios y el saqueo de los bienes comunes naturales, ahora potenciados con la aprobación del RIGI.
“Pese a la aprobación de la Ley 26160, el Estado, con los sucesivos gobiernos, desde el 2006 en adelante, siguió dejando a miles de comunidades en una situación de vulnerabilidad permanente. Ahora, con la derogación de esta Ley se habilitan desalojos masivos. Es por ello que junto a decenas de organizaciones afirmamos que se trata de una nueva expresión de violencia estatal al servicio de los intereses del capital inmobiliario, la minería, el saqueo y el agronegocio”, remarcó el diputado coya.
En el mismo sentido, la abogada indígena Paula Alvarado sostuvo que “el decreto contradice la Constitución Nacional, que reconoce la preexistencia étnica de los pueblos indígenas de Argentina y garantiza la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan”. Además destacó que “se desconoce el derecho a la autopercepción, a la inscripción y a la conformación de las comunidades. Hay un desentendimiento total del genocidio indígena sobre el que se constituyó el Estado. Incluso en los considerandos se plantea que la prórroga de la ley, que vence en octubre de 2025, implicaría la consolidación de la discriminación entre ciudadanos argentinos. Es una aberración”, dijo.
“Mientras apostamos a la más amplia organización para derrotar esta ley, que sin dudas se va a fortalecer coordinando con todos los sectores en lucha, presentamos este proyecto de ley y solicitamos a la presidenta de la Comisión de Población y Desarrollo Humano, Natalia Sarapura, que convoque a una reunión para tratarlo, invitando también a todas las organizaciones, pueblos y comunidades indígenas que han salido a rechazar el decreto del gobierno”, finalizó el diputado del FIT.
Solicitud de Convocatoria a… by Sol Bajar
Derogación Del Decreto 1083… by Sol Bajar