Concejales del CER y el Frente Chaqueño, acompañados por legisladores provinciales, se presentaron este miércoles ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) para solicitar que se investigue un presunto conflicto de intereses de funcionarios de la Dirección Provincial de Vialidad (DPN). Es por la contratación directa de la empresa Nelson Melli Construcciones para ejecutar obras de bacheo de pavimentos y calles de tierra en el marco de un convenio de la DPV con la Municipalidad de Resistencia.
De la presentación participaron los concejales Soledad Villagra y Guillermo Monzón por CER, Lucila Masin y Fabricio Bolatti por el Frente Chaqueño y los diputados provinciales Rodrigo Ocampo y Gricelda Ojeda.
Según consigna la presentación, el titular de la empresa contratada, Marcos Melli se encontraría vinculado familiarmente con la ingeniera Alejandra Flores, funcionaria de la DPV. En ese sentido, el escrito sostiene que “la relación familiar entre la Sra. Flores, que ocupa un cargo jerárquico en la DPV, y el titular de la empresa adjudicataria de las obras constituye, en principio, una violación de los principios de ética pública y transparencia, ya que dicha situación configura un claro conflicto de intereses real, conforme a la normativa vigente”.
Así, subrayan que la ley 1341-A establece que “los funcionarios tienen el deber de abstenerse de intervenir en cualquier acto administrativo en el que tengan intereses privados en conflicto con sus deberes públicos, lo que en este caso parece haberse omitido, generando un vicio grave en el procedimiento administrativo”.
La presentación señala que “la contratación directa de la empresa Nelson Melli Construcciones S.A.C.I.C.I.F sin un proceso licitatorio previo, en combinación con la relación familiar entre uno de los principales funcionarios de la DVP y el titular de la empresa, no solo constituye una posible violación a la ley 1341-A, sino que también plantea serias dudas sobre la validez de los actos administrativos dictados en relación a las obras contratadas”.
“La ausencia de procesos licitatorios transparentes, sumada a la falta de informes y rendiciones de cuentas por parte del intendente y de la DVP, agrava aún más la situación, puesto que la contratación directa de una empresa vinculada a un funcionario público es, por su propia naturaleza, contraria a los principios de libre concurrencia, transparencia y ética pública que deben regir las contrataciones del Estado”, consigna.
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