Cuatro personas muertas en un incendio, un cuerpo flotando en una pileta, una comunidad terapéutica sin habilitación, una acusación de «reducción a la servidumbre«. Todo eso comenzará a ser ventilado a partir de este lunes en el juicio que se desarrollará contra los responsables de la comunidad terapéutica Resiliencia San Fernando de Pilar, que enfrentan imputaciones por asociación ilícita y estafas reiteradas, además del homicidio de las víctimas. Se trata de un caso testigo del oscuro funcionamiento de las redes de comunidades sin habilitación.
La mañana del 22 de febrero de 2022 se desató un incendio en la sede de la comunidad terapéutica ubicada en Los Chañares al 3900, localidad de La Lonja, partido de Pilar. Los testigos indican que en menos de cinco minutos toda la casa estaba prendida fuego. Cuatro de los 26 hombres internados no pudieron salir del lugar. La autopsia arrojó que fallecieron por inhalar monóxido de carbono y ácido cianhídrico. Se llamaban José Nahuel Castaño (22 años), Nicolás Claudio Ortiz (24), Nicolás Ezequiel Bisbal (37) y Rodrigo Ariel Moreno (25).
La reconstrucción del hecho
Así reconstruyen los hechos desde la Unidad de Investigaciones y Protección de Derechos en Salud Mental (UIP) de la Asociación de Reducción de Daños Argentina (ARDA), que impulsa la causa en conjunto con la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en representación de familiares de las víctimas y sobrevivientes del incendio. Los argumentos son contundentes sobre el estado de los fallecidos al momento del incendio: «Sobremedicados y dormidos«, indica la UIP, conformada por la abogada Magalí Ledesma, la psicóloga Andrea Vicenzi y el periodista Pablo Galfré, que investiga la trama de este tipo de comunidades, sobre las que escribió el libro «La Comunidad, viaje al abismo de una granja de rehabilitación«. Desde la CPM agregan que las víctimas «ni siquiera tuvieron la posibilidad de reaccionar ante el siniestro«.
El debate oral que comenzará el lunes estará a cargo del Tribunal Oral Criminal N° 5 de San Isidro. Las seis personas que enfrentarán el juicio son Alan Cambra Sarife y Alejandro Merenzon, dueños y directores del lugar, Eliana Marilin Wawrik, vicedirectora, Alejandra General, psicóloga, Gisela Machado, administrativa, y Andrés Samsolo, psiquiatra. Entre las imputaciones que cargan aparecen la de homicidio simple, asociación ilícita, reducción a la servidumbre y estafas reiteradas. Todos están acusados como coautores de los primeros tres delitos, mientras que a los profesionales médicos no se les imputan las estafas. De los seis, sólo Cambra Sarife y Merenzon llegan al juicio con prisión preventiva.
Además, Galfré precisó a este diario que a Cambra Sarife se le suma la imputación por el homicidio de Ezequiel Ibarra, otro interno fallecido a los 29 años en la otra sede de la comunidad, ubicada en la calle Paunero al 2800, también en la localidad de La Lonja. Ibarra no tenía consumos problemáticos ni padecimientos mentales, más allá de sufrir de epilepsia reiterada. Su familia, sin embargo, no contaba con los recursos económicos para sostener la situación. Así llegó a Resiliencia San Fernando. Una mañana de noviembre de 2021 su cuerpo apareció flotando en la pileta del lugar. «Estuvo flotando, solo, desde la noche anterior y nadie advirtió que estaba desaparecido«, relatan desde la UIP.
Un modus operandi
Además de juzgar las muertes, se espera que en el proceso que se desarrollará durante alrededor de diez audiencias, salga a la luz el modo de operar de este tipo de lugares. Será el primero en juzgar a responsables de comunidades clandestinas bajo la imputación de «reducción a la servidumbre«, en particular por el tipo de «captación» con que operan. La CPM y ARDA vienen denunciando desde hace años que la mayor parte de los internos llegan a las comunidades contra su voluntad y que son mantenidos allí bajo distintas formas de violencia que incluyen la sobremedicación forzada, clonazepam y etumina mediante.
Eso sin contar la situación de hacinamiento y encierro a la que son sometidos en lugares que muchas veces cuentan con condiciones de infraestructura precarias. La UIP subraya que en Resiliencia San Fernando había 26 personas internadas en tres habitaciones con tres camas marineras cada una. Los otros ocho internos dormían en otras dos camas marineras, una cama y dos colchones tirados en el piso del quincho.
Desde la CPM indicaron que «el edificio no poseía ningún matafuego, ni plan de contingencia en casos de emergencia, los colchones no eran ignífugos y todas las ventanas de las habitaciones tenían rejas, impidiendo las tareas de rescate intentadas por los mismos usuarios». Las condiciones de los internos también fueron graficadas por el fiscal de instrucción de la causa, Germán Camafreitas, en su pedido de detención de los acusados: «Las víctimas permanecieron medicadas y encerradas, sin las mínimas condiciones de higiene, seguridad, salubridad, en condiciones de hacinamiento y sin la alimentación requerida y adecuada».
La UIP se conformó recientemente y, en el marco de ARDA, se dedicará a «investigar violaciones a los DDHH y muertes dudosas por criminalidad en instituciones de salud mental, representar a las víctimas en los procesos y brindar asistencia psicológica». Es un trabajo que sus integrantes ya vienen realizando desde hace años y que junto a la CPM dio impulso a clausuras de diversas comunidades clandestinas como las San Antonio, Reencontrarse, Centro Soltar y San Camilo.
En esta última murió en 2013 el joven mendocino Saulo Rojas, que se suicidó tras ser encerrado en condiciones de tortura en una celda de castigo. En 2022, por ese caso, se alcanzó la primera condena por una muerte en una comunidad terapéutica, cuando el empleado de seguridad, Ángel «Pipi» Súñez, fue sentenciado a tres años de prisión por el homicidio culposo del joven de 23 años al que encerró en la celda.