El ambicioso plan de privatizaciones del Gobierno quedó reducido a un pequeño grupo de empresas que serán puestas a la venta, entre las que se destaca Aerolíneas Argentinas, según lo acordado entre el oficialismo y los bloques dialoguistas que tratan en comisión la Ley Bases y el paquete fiscal enviado por Javier Milei.
De las 41 empresas que había propuesto el Presidente en el proyecto original que envió en diciembre del año pasado al Congreso, en rigor sólo quedaron 4 empresas en condiciones de ser privatizadas en forma total, mientras que otras 5 podrán ser concedidas en concesión con una mayoritaria intervención estatal. Otras dos tendrán un régimen particular, de acuerdo a lo resuelto en el dictamen de mayoría.
Durante el plenario de comisiones que dictaminó a favor de la Ley Bases también se resolvió sacar de la nómina de empresas sujetas a privatización al Banco Nación. Previamente habían quedado afuera las subsidiarias de la entidad bancaria.
Vale aclarar que antes de llegar al recinto en febrero, el Gobierno ya tuvo que reducir la nómina de compañías habilitadas para ser privatizadas a la mitad, quedó una veintena y el caso más resonante fue el de YPF, que Milei había anotado entre las firmas puestas a la venta.
También hay que recordar que cuando se cayó el proyecto en febrero y se reenvió a comisión, en el recinto se trataba la reforma del Estado y se venía el debate por las privatizaciones.
La lista de empresas que el Gobierno quiere privatizar
En esta nueva versión de la ley ómnibus se habilitó la venta de Aerolíneas Argentinas, la empresa aérea de bandera nacional. En la misma se agregan Energía Argentina S.A., Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado e Intercargo SAU.
En tanto que quedaron en condición de privatización parcial o concesión Agua y Saneamientos Argentina (AYSA), Correo Oficial, Belgrano Cargas y Logística, Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE) y Corredores Viales S.A.
Las empresas Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) serán ubicadas en un programa de propiedad participada y colocar una clase de acciones para ese fin. En estos casos, el Estado Nacional mantendrá el control o la participación mayoritaria en el capital social.
En el caso de Nucleoeléctrica deberá requerirse el voto afirmativo del Estado cuando signifiquen la ampliación de capacidad de una central de generación nucleoeléctrica existente y/o la construcción de una nueva o la salida del servicio por motivos no técnicos, ya sea temporal o definitiva.
A esto se agregaron nuevas condiciones que deberán tener las privatizaciones en cuanto a la transparencia y las posibilidades para todos los oferentes así como se establecieron que en un plazo de 15 días y antes de la licitación la SIGEN deberá publicar un informe.