Si se auditan o no se auditan, si “adoctrinan” o no, si se utilizan políticamente, si son lo suficientemente austeras. En la pelea por el presupuesto universitario llegan desde el Gobierno mileista una batería de argumentos para enfrentar la demanda de los rectores -y de la comunidad universitaria de todo el país-, que advierten como una posibilidad cierta el cierre de universidades, si persiste el actual panorama presupuestario.
Frente a la Marcha Universitaria Federal que promete ser masiva este martes, el Gobierno anunció mejoras en el rubro “funcionamiento” (pago de servicios como luz y agua, por ejemplo) de 70% en mayo para gastos de funcionamiento, que se suma al 70% otorgado en marzo, junto con una partida extraordinaria de $14.400 millones para los hospitales universitarios. Las universidades ya avisaron que es insuficiente porque se necesitaría el doble para hacer frente a los aumentos por inflación, y agitan facturas de luz que, como en los hogares, empiezan a llegar cuadruplicadas y en su caso, con cifras millonarias.
De todos modos, las partidas para “funcionamiento” que han agitado el debate de las últimas semanas son un rubro menor en términos de recursos: el 5,5% del presupuesto en 2023 (y en 2022 incluso menos, 3,3%).
“El 95% restante se mantiene estancado a los niveles nominales de 2023 completando un escenario que imposibilita la continuidad en la prestación de servicios”, señala un informe del presupuesto para la Educación Superior, realizado en la Facultad de Ciencias Económicas, por los economistas Javier Curcio, Director del Departamento de Economía, y Julián Leone, subsecretario del Area de Investigación de esa facultad, entre otros especialistas.
El grueso del presupuesto de las más de 50 universidades nacionales, que reciben a 2 millones de alumnos en todo el país, va destinado al pago de salarios: salarios docentes y de autoridades superiores el 52,2% y el pago de salarios del personal no docente, un 30,5% (la suma de ambos renglones, 82,7%).
Según el informe de Económicas, el crédito vigente al 2 de abril pasado era de 738.893 millones de pesos para salarios docentes, y de 431.648 millones para salarios no docentes. El crédito replica el del 31 de diciembre de 2023, ya que este año el Congreso no votó un nuevo Presupuesto, y el Gobierno optó por prorrogar el del año anterior. Esta situación es la que habilita “la licuadora” de Javier Milei: los mismos recursos nominales, pero una inflación de más de 280%.
Así, al 2 de abril pasado (es decir, en el primer trimestre del año) ya se habían utilizado algo menos de la mitad de lo que está por ahora disponible para todo el año: 299.696 millones de pesos para pago de salarios docentes, y 174.442 para salarios no docentes.
De no mediar nuevas partidas, el crédito vigente llegaría hasta mediados de año.
Clarín quiso consultar sobre el financiamiento universitario al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Alvarez -muy activo en la red X-, pero sus voceros indicaron que no atiende por el momento a la prensa.
El informe de la Facultad de Ciencias Económicas señala que en este primer trimestre de 2024 “el ritmo de incremento nominal se sitúa muy por debajo del crecimiento de los precios generando un atraso acumulado de alrededor del 33% en el período enero-marzo, que se profundizaría de forma significativa si no se disponen incrementos presupuestarios adicionales”.
En lo que hace a los salarios docentes reales en la universidad, la caída en el último año fue de 29%, señala un informe reciente del Instituto de Estudios y Capacitación del gremio de docentes universitarios CONADU.
“Entre abril de 2023 y Abril de 2024 el salario nominal docente creció 181,2% en términos nominales, incluyendo el aumento de 8% anunciado recientemente. En el mismo lapso la inflación interanual -según el Índice de Precios al Consumidor del INDEC- llega a 296,3%, lo que implica una caída de 29,0% en términos reales. La mayor parte de esta retracción se produjo luego de la devaluación de la moneda anunciada por el ministro Caputo en diciembre pasado”, precisó el informe.