La oposición pide que Aníbal Fernández y Juan Cabandié vayan al Congreso por el conflicto mapuche

En medio de la escalada de tensión política que generó -incluso dentro del oficialismo- la postura del Gobierno frente a los ataques mapuches en el Sur, la oposición pidió interpelar en el Congreso al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y a su par de Medio Ambiente, Juan Cabandié.El diputado macrista Pablo Torello (PRO), presentó un…

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En medio de la escalada de tensión política que generó -incluso dentro del oficialismo- la postura del Gobierno frente a los ataques mapuches en el Sur, la oposición pidió interpelar en el Congreso al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y a su par de Medio Ambiente, Juan Cabandié.

El diputado macrista Pablo Torello (PRO), presentó un proyecto de resolución para citar a Fernández y Cabandié a que “brinden de manera verbal y ante el pleno de esta Cámara, un informe sobre el estado de situación de los constantes actos de violencia hacia la sociedad, toma de tierras públicas y demás delitos cometidos en el sur de nuestro país, por parte de comunidades autodenominadas mapuches”.

Con poca actividad en comisiones, y con la mayoría de ellas presididas por el oficialismo, es difícil que la iniciativa avance. Sin embargo, la oposición tiene previsto insistir con el tratamiento de este tema en la sesión convocada para el martes.

Consultados por Clarín, los jefes de bloque del macrismo, Cristian Ritondo, y el de la UCR y del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, anticiparon el aval de la principal fuerza opositora al proyecto.

En sus fundamentos, el texto plantea que “grupos autodenominados ‘mapuches’ son responsables directos de usurpaciones, vandalismo, ataques hacia las autoridades policiales y ciudadanos“, y que “parecen controlar la zona, generando desconcierto y abandono de quienes honestamente pretenden convivir en paz”.

En ese sentido, señalan su preocupación por ver que “el Gobierno nacional desoye los reclamos de los compatriotas y autoridades de la región”. Incluso acusan a la gestión de Alberto Fernández de realizar “acciones que fomentan a que los grupos autodenominados mapuches continúen con su raid delictivo en territorio argentino”.

Denuncian puntualmente tres. Que en septiembre de 2020 la policía retuvo al vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Luis Pilquimán, cuando llevaba sin registro de conducir a “una familia de cuatro integrantes -dos de ellos niños- hacia la toma de terrenos en Villa Mascardi” en un vehículo oficial que tampoco tenía seguro.

También señalan al directorio de la Administración de Parques Nacionales, área dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, por haberse retirado de la querella por usurpación contra la agrupación mapuche Lof Lafken Winkul Mapu.

Por último, apuntan contra la defensa realizada por el embajador Rafael Bielsa, en persona, del líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) Facundo Jones Huala en la audiencia de la Comisión de Libertades Condicionales de la Corte de Apelaciones de Temuco.

El ex presidente Mauricio Macri se sumó ayer al reclamo. “Abandonados por el Estado nacional y hartos, los vecinos de El Bolsón protestan como pueden delante de los restos quemados del Club Andino Piltriquitrón (CAP). Mi total apoyo a ellos y a todos los indefensos que están sufriendo ataques”, tuiteó junto a un video de una protesta de vecinos en El Bolsón.

Esta semana, tras el incendio en el Club Andino Piltriquitrón, el presidente Alberto Fernández accedió a enviar personal de Gendarmería. Sin embargo, en una carta destinada a Carreras, planteó que “no es función del Gobierno nacional reforzar el control en las rutas nacionales o brindar mayor seguridad a la región”.

Incluso, le recomendó que “en uso del poder de policía que le otorga la Constitución de Río Negro, se pueda formar un cuerpo específico que se ocupe de los refuerzos del control y mayor seguridad en el futuro”.

Lo mismo, aunque con otras palabras, declaró el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. “No señora, está equivocada, no es nuestra obligación (enviar fuerzas federales)”, al responderle a la gobernadora rionegrina, Arabela Carreras, quien había “exigido” refuerzos federales.

“Es cuestión de leer la Ley de Seguridad Interior y se dará cuenta que la participación de las fuerzas federales en la provincia solo está habilitada por la ley cuando hay complicaciones respecto a restituir la institucionalidad”, agregó.

Carreras -que decidió esquivar la polémica- señaló que son “delitos de orden federal que han sido reconocidos así por la fiscalía federal y que tienen larga data y exceden a la jurisdicción de Río Negro”.

Sin embargo, su antecesor y actual senador, Alberto Weretilneck, replicó: “Lo que denota la carta es la falta de solidaridad del Presidente con el pueblo rionegrino, nos está diciendo ‘arréglense como puedan’”.

La situación abrió un nuevo punto de diferenciación entre el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y el gobierno de Fernández. “Cuando el bien tutelado es la paz social, hablamos de terrorismo; no hay que siquiera que dudarlo”, sentenció. Y consideró que hay que “poner toda la fuerza del Estado para terminar con estas acciones que generan preocupación”.

En tanto, el senador neuquino y mano derecha de Cristina Kirchner, Oscar Parrilli, se puso del lado de los violentos y dijo tener “amigos mapuches”. Aunque planteó que no todos son iguales y que si hay delito hay que actuar. “Yo convivo, conozco, tengo amigos de la comunidad de los pueblos mapuches y sé que no son violentos para nada”, afirmó.

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